Contrato de renta vitalicia . Doctrina de los actos propios PDF Imprimir E-mail
Civil

Contrato de renta vitalicia - Doctrina de los actos propios - Requisitos para la aplicación del precedente “MILLONE”.

Palavecino, Ricardo Ariel contra Consolidar CIA Seg. Retiro S.A. s/Indemnización - Cámara Civil Neuquén - Sala II - Expediente 380.319/8 -

NEUQUEN, 25 de marzo de 2010.-

Y VISTOS:
En acuerdo estos autos caratulados: “PALAVECINO RICARDO ARIEL CONTRA CONSOLIDAR CIA. SEG. RETIRO S.A. S/INDEMNIZACION”, (Expte. EXP Nº 380319/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INST. LABORAL 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Isolina OSTI DE ESQUIVEL y Fernando M. GHISINI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Isolina OSTI DE ESQUIVEL dijo:
I.- La sentencia de fs. 79/82 vta. rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, declara la inconstitucionalidad del artículo 14 inciso b de la ley 24.557 y en consecuencia hace lugar a la demanda condenando a CONSOLIDAR SEGUROS DE RETIRO S.A. a hacer entrega al actor del “saldo de la suma existente… en concepto de indemnización en un solo pago, con más los intereses…”
A fs. 107/108 apela y expresa sus agravios el actor, señalando en primer lugar que la decisión impuso las costas en el orden causado y que tampoco tuvo en cuenta el importe resultante del proceso, señalando que el mismo es la suma de $ 80.282 más lo establecido en el artículo 11 apartado 4 a), afirmando en consecuencia que el monto total sin intereses- es $110.282.
Se pregunta cual sería la razón para imponer costas a su parte, siendo que la demandada, la obligó a litigar sin motivo, luego de que se le haya requerido el pago único en forma previa, y cuando al momento se le liquidaba en forma mensual.
Refiere allí una nota adjuntada “en el otro expediente… el 374817” con referencia al antecedente de la Corte Suprema de Justicia “Milone”.
Agrega que en la audiencia de conciliación la accionada no propuso ningún remedio para dar satisfacción al presente reclamo, sin preocuparse de realizar alguna prueba o acreditar pago alguno, por lo que solicita se modifique el quantum de honorarios y la forma que fueron impuestos.
A fs. 109/115 apela y expresa agravios la demandada.
En primer lugar se agravia de que la sentencia haya omitido considerar su argumento acerca de la naturaleza jurídica del contrato de renta vitalicia suscripto por el actor.
Pone de resalto que el actor en forma voluntaria contrató una póliza de renta vitalicia previsional y, así es que se encuentra percibiendo una renta mensual.
A continuación se refiere a la normativa del ordenamiento civil que regula el contrato de renta vitalicia, enumerando sus caracteres y las principales prestaciones a cargo de las partes, entre las que destaca el carácter irrevocable del mismo, el deber de entregar el dinero que tiene el constituyente, y por otro lado, la obligación del deudor de la renta, que debe pagarla en el momento pactado y darle las seguridades prometidas.
Finaliza afirmando que el actor viene percibiendo los beneficios del contrato conforme a derecho y sin realizar ninguna observación.
En segundo lugar, se agravia de que la sentencia viola la doctrina de los actos propios, al no tener en cuenta que nadie compelió al Sr. Palavecino a suscribir el contrato, sino que fue él mismo quien tramitó el otorgamiento de la renta prevista en los artículos 18 y 15 de la ley 24.557, reglamentados por el decreto 334/96.
Expresa que se trata de una conducta positiva y jurídicamente relevante del actor, y que por aplicación de la doctrina de los propios actos no puede ser cuestionada posteriormente, ya que el actor, antes de contratar la renta vitalicia, declaró conocer y aceptar las condiciones generales y particulares del seguro contratado.
En tercer lugar se agravia de que la sentencia declarara la inconstitucionalidad del art. 14 inc. b) de la ley 24.557 de manera meramente dogmática y genérica.
Refiere que el sentenciante de grado no pondera las circunstancias del caso particular, pues omite mencionar cuales serían en concreto las consecuencias que dicho sistema traería en el presente.
Efectúa una referencia al antecedente “Milone” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, explayándose a continuación en el relato de los antecedentes que llevaron a la sanción de la Ley de Riesgos de Trabajo.
Retomando el eje de su agravio, afirma que los pagos mensualizados pretenden aproximar las prestaciones a las efectivas necesidades del damnificado como un modo de proteger su salario, suplantando el salario mensual que hipotéticamente dejaría de percibir el trabajador en razón del infortunio.
Concluye que el control de constitucionalidad debió efectuarse ponderando las concretas circunstancias, con expresa mención de los perjuicios concretos y no los conjeturales que presuntamente acarrea la aplicación de la norma cuestionada.
Vinculada a esta última cuestión, recuerda que el sistema argentino no admite declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto, sino que debe darse en un caso concreto, cuya resolución genere una evidente contradicción constitucional violatoria de los derechos y garantías que allí se amparen.
A fs. 117/119 y 120/120 vta. obra contestación de los agravios de la parte actora y la demandada respectivamente.
II.- Por una cuestión de orden metodológico y atento lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, del cual se desprende que de revocarse o modificarse parcialmente la resolución deberán readecuarse las costas, en primer lugar he de abordar los agravios de la demandada, dejando en segundo lugar la consideración de los de la actora.
La accionada se agravia de que la sentencia haya omitido considerar la naturaleza del contrato de renta vitalicia e, íntimamente relacionado con esto, que se haya privado de efectos a la conducta asumida por el actor, inscribiéndolo en la doctrina de los propios actos.
Al respecto, he de señalar que aún cuando de la lectura del escrito de demanda la imputación de inconstitucionalidad del artículo 14 apartado b) no es lo suficientemente clara, pues se limita a la invocación del antecedente “Milone” de la Corte Suprema de Justicia, al examinar los agravios advierto que ello no ha obstado a que la accionada brinde los argumentos que hacen a su defensa, de lo cual concluyo es posible abordar su análisis.
El contrato de renta vitalicia tal como lo enuncia la demandada- forma parte del sistema estatuido por la ley 24.557, y es en ese marco que es preciso examinarlo.
Esto es, no es posible sacar del contexto que forma el sistema legal la figura contractual, tal como planteara CONSOLIDAR SEGUROS DE RETIRO, pues de la lectura de sus defensas y agravios podría interpretarse que el actor cobró su dinero y por sí decidió que el mejor modo de invertirlo era a través de la constitución de un contrato de renta vitalicia.
Sin embargo, es claro que ello no es así, pues desde el inicio de estas actuaciones lo cuestionado a través de la inconstitucionalidad de la norma es que la obligación que el sistema impone deconstituir dicho contrato lleva, en el caso, a la percepción de una renta mensual que amerita la aplicación de la regla del precedente “Milone”.
En este sentido, también advierto que si la razón de constituir la renta se encuentra prevista en la ley, no puede la accionada paralelamente plantear el tema en el marco de una cuestión contractual clásica entre dos contratantes que pactan en un marco de libertad absoluta y en pie de igualdad, y ni siquiera en el marco de la modalidad de los contratos por adhesión.
Así, no es posible desconocer que el trabajador beneficiario es objeto de una imposición legal que le carga la obligación de constituir el contrato y, justamente, para evitar las consecuencias perjudiciales que, según alega, le acarrea dicha obligación, es que plantea la inaplicabilidad de la norma, postulando su inconstitucionalidad.
Las cuestiones en juego han merecido pronunciamiento por tribunales nacionales en consideraciones que comparto.
Así: “Queda claro que si el actor es acreedor de una suma que permitiría cubrir en lo inmediato las necesidades impostergables de alimentación, vestido, salud, vivienda y esparcimiento y sólo puede usar y disponer en pequeñas e insuficientes cuotas de su propiedad, que no le permiten llevar una "vida decorosa" o digna, la declaración de inconstitucionalidad se impone. Si la norma constitucional garantiza en el caso, en la persona del trabajador, el uso y la disposición de lo que le pertenece, y la ley de riesgos del trabajo exige que su acreencia sea depositada en una AFJP, o que en el caso, se contrate una renta vitalicia, se "presumiría" una suerte de incapacidad del trabajador, para administrar, usar y disponer de su propiedad. Sólo mediante la declaración de inconstitucionalidad se logra asegurar la "igualdad real de oportunidades de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos" respecto de esta persona concreta con discapacidad.” (Alvez, Antenor c. Nación Seguros de Retiro - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI 23/03/2005)
Y continúa señalando: “No constituye un obstáculo para que se pueda declarar la inconstitucionalidad el hecho de que el propio actor se haya sometido al régimen impuesto por la propia ley 24.557, ni que haya contratado la renta vitalicia, ni que hubiera cobrado algunas de las sumas mensuales como consecuencia de la misma, porque se sometió, sin opción alguna, a un trámite que la propia ley 24.557 establece como obligatorio para obtener el resarcimiento por su incapacidad laboral. La doctrina de los actos propios no puede en el caso aplicarse frente a los derechos de rango constitucional comprometidos, ligados íntimamente con el derecho a la salud y a una existencia digna. La tesis que impide el planteo de inconstitucionalidad, resulta axiológicamente disvaliosa y ha sido calificada por Carlos Valiente Noailles como "la más injusta de todas las trabas que se han creado jurisprudencialmente al control de constitucionalidad" (Manual de Jurisprudencia de la Corte Suprema, ed. Fondo de Obras Jurídicas, 1970, ps. 35 y 36, citado por Alsina Atienza Dalmiro, "El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y la impugnación de inconstitucionalidad", El Derecho, T. 119, pg. 834), sobre todo porque pretender que el particular afectado deba advertir de inmediato la inconstitucionalidad del acto o de la norma que lo afecta, no sólo es pretender una utopía, sino que resulta contradictorio con el repetido principio de que los actos de la autoridad se presumen válidos y porque "en la casi totalidad de los casos se producirían "renuncias", que en verdad poco tienen de tales: la renuncia debe ser voluntaria, libre y consciente. Cuando el caso llega al estudio del especialista, será irremediablemente tarde por obra y gracia de la ficción jurisprudencial, en detrimento del particular afectado y del orden jurídico nacional, que no tiene otro fundamento de legitimidad que el que emana de la Constitución". -el resaltado me pertenece-.
Respecto al cariz contractual con el que la demandada enfoca la cuestión en sus agravios cabe considerar asimismo que: “Por imposición de la ley de riesgos de trabajo (DT, 1995-B, 1980) la A.R.T., los derechohabientes del trabajador fallecido y la compañía de seguros de retiro convergen en un acuerdo que da nacimiento, antes que a un contrato propiamente dicho, a un negocio jurídico que en su segmento final, bajo la forma de un contrato de seguro de renta vitalicia, pretende dar respuesta a la reparación del infortunio laboral, y en ello queda comprometida tanto la libertad de contratar, porque impone a la derechohabiente la contratación de una renta vitalicia, como la libertad contractual, por cuanto ha prohibido a las partes recurrir a la autodisciplina (v.g. que la A.R.T y la derechohabiente decidan desinteresarse en forma directa) (“Amar, Cecilia A. c. La Buenos Aires-New York Life Seguros S.A” Tribunal de Trabajo N| 1 de Necochea 23/8/99 LLBA 1999,1184)
Con respecto a la doctrina de los propios actos y su aplicación al caso de autos también cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo con claridad: “Del mismo modo, este Tribunal ha decidido que no media voluntario acatamiento (“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa LLosco, Ra{ul c/ Irmi S.A y otra” de 12 de junio de 2007) a un régimen jurídico, que obste a su ulterior impugnación constitucional, cuando no existen opciones legales para no realizar los actos en cuestión (Fallos: 310:1431), o cuando la realización de actos dentro de ese marco normativo es el único medio posible para acceder al ejercicio de la actividad profesional del impugnante (Fallos: 321:2086) o para que un ente pueda ejercer los actos designados en su objeto social (Fallos: 311:1132)” (voto de la Dra. Highton de Nolasco en los autos mencionados.)
En aquella ocasión agregó el Dr. Maqueda en relación al caso se ventilaba la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad del art. 39 habiendo percibido igualmente la indemnización tarifada, sin embargo la regla resulta igualmente aquí aplicable- “…en este orden de ideas, trasladado al ámbito de la ley 24.557, implicaba que debía efectuarse un escrutinio estricto de la conducta del trabajador a efectos de determinar sí, efectivamente, las circunstancias en cuyo marco invocó ciertos preceptos o ejerció ciertos derechos propios de ese régimen legal al cual, en principio, tenía la obligación de sujetarse- autorizaban a considerar que actuó en forma incompatible con la posterior porción de un reclamo judicial basado en la inconstitucionalidad de la norma que, dentro del mismo régimen, exime de responsabilidad al empleador…”
En consecuencia y por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazara la excepción de falta de legitimación pasiva.-
Las consideraciones que anteceden resultan imprescindibles de analizar para emprender el siguiente paso del examen, que se enfoca sobre la consideración en concreto de la inconstitucionalidad del monto mensual de la renta, clave de ingreso establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso “Milone”.
En ese orden también resulta preciso señalar ciertos aspectos de índole procesal relativos a estas actuaciones que son esenciales para dar respuesta al agravio de la accionada respecto a que la declaración de inconstitucionalidad decidida en la sentencia es dogmática y genérica.
Veamos. En el escrito de demanda, fs. 3 y 4- el actor señala iniciar el presente proceso con el objeto de obtener el pago de la suma de $80.262, que dice, se le adeudaban en concepto de la incapacidad fijada por CONSOLIDAR ART, sumando éstas incapacidades previas del actor, lo que “determinara que dicha empresa aseguradora ordenara su liquidación en forma de renta vitalicia, hecho éste que no fue admitido por mi representado, por lo que se recurre a esta vía a fin de obtener el pago único, o sea de una sola vez, y tal como lo indico la CSJ en autos MILONE”.
Relata los hechos que rodearon el accidente de trabajo en los siguientes términos: “…luego de ello fue remitido a la comisión médica la cual, expediente mediante, ello es, el n* 009L-00588/08, se le estableció una incidencia negativa del 44,59 por ciento importe este que le fue puesto a disposición por CONSOLIDAR ART S.A, ya demandada, según nota de fecha 06/06/08 y el cual, nunca pudo ser retirado de la Suc., Neuquén, por cuanto se le informó que debía firmar unos papeles en forma previa y que luego además de acceder a ese importe, también sería acreedor de una suma mensual de aproximadamente $500, hecho este que de manera alguna aconteció, pues dicha aseguradora de riesgo del trabajo, transfirió los fondos correspondientes a esa minusvalía a CONSOLIDAR SEGUROS DE RETIRO S.A”
“Es así entonces que la minusvalía fijada por el organismo administrativo zonal no se compadece en nada con lo normado por el art. , 14 inc. b por cuanto la misma es inferior a ese tope, no refiriéndose en momento alguno la norma, con relación a las previas que padeciere o tuviere el trabajador, lo que hace imposible el pago que se pretende, por otro lado no nos olvidemos que de entender lógica esa sumatoria, tendría entonces mi cliente a favor lo resuelto por la CSJ., en autos “MILONE, JUAN ANTONIO C/ ASOCIART ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO LEY 9688” m 3724-XXXVIII, solicitando en consecuencia se ordene a la hoy demandada al pago de la suma correspondiente atento a lo manifestado por la ART, también demandada y cuyo trámite se encuentra radicado en Juzgado laboral nº 3 bajo el n* 374817/8 por lo cual solicito su acumulación.”
Luego ofrece como prueba informativa el mencionado expediente, que tramitara en el mismo juzgado, un oficio a la comisión médica zonal a fin de que remitan el expediente que allí detalla y como documental la copia del poder general en dos fojas.
Al solicitar la apertura a prueba, el Juzgado limita la prueba a la documental ofrecida, poniendo los autos para alegar, haciéndolo solo la actora y luego se dicta sentencia declarando la inconstitucionalidad en los siguientes términos: “... en coincidencia que los precedentes citados y conforme lo sostuviera en anteriores pronunciamientos, considero de toda equidad y justicia para este caso concreto, declarar la inconstitucionalidad del Art. 14 inc. b de la Ley 24.557 por cuanto impone al actor la percepción del monto indemnizatorio en forma de renta vitalicia, conculcando derechos de raigambre constitucional (arts. 14, 16 17 y c.ctes de Pactos Internacionales incorporados por el inc. 22 del art. 75 de igual jerarquía normativa  a partir de 1994)”
De la lectura de los párrafos que anteceden surge que asiste razón al apelante en cuanto a que no se valoraron las circunstancias concretas del caso para arribar a la conclusión final, o, al menos el sentenciante omitió la expresión de los mismos.
Así, es preciso examinar la cuestión, pues resulta el paso ineludible para declarar la inconstitucionalidad de la norma y recién allí hacer lugar a la pretensión.
En tal sentido y si bien existen antecedentes de esta Sala en los cuales se ha determinado la inconstitucionalidad por aplicación de los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Milone”, siempre se ha efectuado el análisis de las específicas circunstancias del caso, tales como salario percibido antes del accidente, incapacidad padecida, necesidad y magnitud de los tratamientos médicos actuales y a futuro, posibilidad de reinserción laboral, grupo familiar de la víctima, etc.
Así en “JARA NESTOR ADRIAN CONTRA MAXIMA A.F.J.P. S/ACCIDENTE LEY” (PS-2004-IV-158-707/710 19/8/04) tuve ocasión de evaluar “Ello es así por cuanto en el escrito de demanda fs.21- se fundamenta la declaración de inconstitucionalidad solicitada, en la evidencia de la grave incapacidad laboral que aqueja al actor, en que no puede procurarse por sus propios medios su sustento y en lo ínfimo de la suma que es entregada en forma periódica, lo que le impide acceder a mejores condiciones de vida, la que podría mejorar notablemente a través de un pago único de la indemnización que legalmente le corresponde. Estimo que las motivaciones expuestas por el actor se encuentran absolutamente acreditadas en autos, teniendo en cuenta en primer lugar el grado y la característica de la incapacidad provocada por el accidente sufrido, que se encuentra en el orden del 95,49% pero además con absoluta dependencia de terceros, con sometimiento a quinesioterapia y sin que se le hubieran aún repuesto las piezas dentarias perdidas en el accidente. Presenta hemiplejia izquierda, desorden mental post-traumático grado IV, enucleación de ojo derecho, perdida traumática de 1/3 de piezas dentarias y cicatriz en rostro, secuelares. Este panorama que surge de las constancias de fs.23/28 de autos, resulta incontestable y pone de relieve que el actor no se encuentra en condiciones de efectuar ningún tipo de tarea ni de atender a las necesidades familiares, sino sólo con la indemnización de la cual es titular y resulta un hecho de conocimiento público que la suma de $304,99, de renta periódica, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la canasta familiar y con mayor razón tampoco cubriría las necesidades que por gastos médicos deberá afrontar el actor, siendo por otra parte que incluso, el salario mínimo vital y móvil de $350 Dec. 1349/2003-, resulta aún superior al monto de la renta periódica. Estas consideraciones me llevan a la conclusión de que el perjuicio que le ocasiona al actor, la no percepción en un sólo pago de la indemnización reclamada, se ha probado en autos y por tal razón se impone la declaración de inconstitucionalidad de los arts.15 ap.2), 18 ap.1) de la ley 24557, y 5 ap.5) y 6) del Dec. 334/96 Reglamentario del art. 15 de la LRT.”
En igual senda en  “SOSA OSCAR ALBERTO CONTRA BOSTON CIA. DE SEGUROS ARG. Y OTRO S/ INDEMNIZACION INCAPACIDAD ABSOLUTA”, del 31 de julio de 2008: “En tales condiciones, considero que las motivaciones expuestas por el actor se encuentran absolutamente acreditadas en autos, teniendo en cuenta en primer lugar el grado y la característica de la incapacidad provocada por el accidente sufrido, que se encuentra en el orden del 96% pero además con absoluta dependencia de terceros, con sometimiento a artrodesis, mediante tres cirugías). Sufrió politraumatismo con lesión raquimedular C5 incompleta y hematoma subdural evaciudos, con secuelas severas, a causa del accidente. Fue rehabilitado en ALPI, presenta vejiga e intestino neurogénicos, que maneja mediante estimulación y medicamentos debiendo trasladarse, hasta en la actualidad, en andador y asistido por terceros. Del informe psicológico surge que el actor, presenta un cuadro depresivo ansioso con gran montaje de angustia y aislamiento, preocupado por su vida presente y futura, sobre todo en lo referente  a su vida familiar y laboral, conforme surge de las documentales obrantes a fs. 120/127.”
“En función de lo señalado, resulta incontestable y pone de relieve que el actor no se encuentra en condiciones de efectuar ningún tipo de tarea ni de atender a las necesidades familiares, una renta periódica mensual que si bien no está determinada cuantitativamente, puede presumirse de sus haberes obrantes a fs. 11/21 ($ 1.400 aproximadamente), que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la canasta familiar y con mayor razón tampoco cubriría las necesidades que por gastos médicos deberá afrontar el actor.”
“Estas consideraciones me llevan a la conclusión de que el perjuicio que le ocasiona al actor, la no percepción en un sólo pago de la indemnización reclamada, se ha probado en autos y por tal razón se impone la declaración de inconstitucionalidad de los arts.15 ap.2), 18 ap.1) de la ley 24557, y 5 ap.5) y 6) del Dec. 334/96 Reglamentario del art. 15 de la LRT.”
Es, por lo expuesto, que le asiste razón a la demandada en cuanto a que, la declaración de inconstitucionalidad decidida en la instancia de grado se basa en consideraciones dogmáticas y genéricas, sin que en esta instancia pueda revertirse la cuestión, atento a la falta de elementos probatorios que admitan la comparación.
Adviértase que el reclamo del actor  también se efectúa en términos genéricos, sosteniendo en primer lugar una situación de disconformidad con la incapacidad otorgada por la ART, pues señalaba que era distinta de la otorgada por la Comisión Médica y afirmaba que la ART había procedido de esa manera para no otorgarle la suma completa, en el marco del artículo 14.2 a) de la ley 24.557.
Tampoco menciona el accionante cuanto era el monto de los haberes que percibía estando en actividad, o el monto que por la renta estaría en condiciones de cobrar, o, en su caso, características de la incapacidad o composición del grupo familiar.
En consecuencia, y no contando con los elementos que permitan efectuar la comparación, no es posible efectuar el análisis que se requiere, de forma imprescindible, para cumplir con la pauta de que no corresponde declarar la inconstitucionalidad de una norma en abstracto, pues, en definitiva, la facultad judicial para efectuar dicho control debe efectuarse con suma prudencia, atento a que produce como efecto la derogación del precepto legislativo al caso concreto.
En esa senda la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, reiteradamente, alcanzando el carácter de regla, que la declaración de inconstitucionalidad resulta la atribución más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia y un acto de suma gravedad que debe considerarse como “ultima ratio” del orden jurídico.
El sentido propuesto es el que entiendo cabe otorgar a las pautas de la Corte, pues, al señalar que la norma que impone la contratación de la renta vitalicia, es merecedora del reproche de inconstitucionalidad (ya que no contempla excepciones), se está refiriendo a que, si bien, debe ser posible excepcionar el criterio general, para ello es preciso contar con elementos de juicio que permitan la comparación ya aludida.
Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo la revocatoria del fallo apelado en cuanto declarara la inconstitucionalidad del art. 14 inc b) de la ley 24557, rechazándose en consecuencia, la demanda interpuesta, con costas en ambas instancias a cargo del actor que resulta vencido de conformidad al artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual también deviene abstracto el tratamiento de los agravios del actor, debiendo procederse a una nueva regulación de honorarios y fijarse los de Alzada conforme las pautas del art. 15 L.A.
Tal mi voto.

El Dr. Fernando M. GHISINI dijo:
Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.-

Por ello, esta Sala II
RESUELVE:
I.- Revocar la sentencia dictada a fs.398/400 en cuanto declarara la inconstitucionalidad del art. 14 inc b) de la ley 24557, y en consecuencia rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta por Ricardo Ariel Palavecino.
II.- Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 17 ley 921), deviniendo abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por la actora.
III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en el punto III, (art. 279 C.P.C.C.), los que adecuados al nuevo pronunciamiento se fijan en las siguientes sumas: para el Dr. Diego De Vergilio, letrado apoderado de la demandada, de PESOS diecisiete mil novecientos ochenta y tres ($17.983); para la Dra. Elsa Ríos, patrocinante del actor, de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($8.991) y para el Dr. Martín Zérbola, apoderado, de PESOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS ($3.596). (arts. 6,7,10,20 y 39 L.A.).
IV.- Regular los honorarios de esta Instancia en las siguientes sumas: para el Dr. Diego De Vergilio, letrado apoderado de la demandada, de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($6.294); para la Dra. Elsa Ríos, patrocinante del actor, de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($2.247) y para el Dr. Martín Zérbola, apoderado, de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($899). (art. 15 L.A.).
V.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Desarrollo web pmiranda.com.ar