Procedencia de la acumulación de la acción especial de la Ley 24.557 PDF Imprimir E-mail
Civil

Procedencia de la acumulación de la acción especial de la Ley 24.557 con la acción civil fundada en el artículo 1113 del Código Civil para el supuesto de resultar insuficiente la reparación otorgada conforme el régimen de riesgos de trabajo - Competencia del Fuero Laboral.

Muñoz, Roberto Osvaldo c/Liberty ART. S.A. y otros s/Accidente Ley - Cámara Civil Neuquén - Sala I - Expediente 379.631/8 -

Neuquén, 13 de abril de 2010

Y VISTOS:
En acuerdo estos autos caratulados "MUÑOZ ROBERTO OSVALDO CONTRA LIBERTY ART S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE LEY" (EXP Nº 379631/8) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO de GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:
1.- En casos análogos esta Cámara se ha pronunciado tanto por la acumulación de las acciones en circunstancias como las de la especie, en donde, siguiendo el criterio trazado por la CSN a partir del caso “Aquino”, la demandante, en orden a la acción que contempla la Ley 24.557, ha de demostrar la insuficiencia de la reparación de los daños originados en la incapacitación consecuente a un infortunio del trabajo, como por la competencia de los tribunales del trabajo a raíz de la acumulación de acciones necesariamente implicada en la referida demostración.
Y esto último así, a partir de la especialización de los mencionados tribunales para entender en la temática básica de la Ley 24.557, por encima de la disposición del art. 1° inciso a) de la Ley 2142 que cita el recurrente, toda vez que, en efecto, para arribar al posible “suplemento” indemnizatorio del derecho civil, ha de transitarse necesariamente el camino de la “acción reparatoria especial” del referido Ordenamiento sustancial sobre la materia, tránsito que significa un litigio que es materia propia del conocimiento de dichos tribunales.
2.- Al respecto, el Dr. Videla Sánchez, en voto minoritario cuyas razones comparto- pronunciado en la Sala III de esta Cámara in re: "UNCO, EDUARDO OSVALDO CONTRA ASOCIART ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART" (EXP  Nº 369644/8; sentencia interloc. del 7 de abril de 2009), expone:
“Disiento con el colega preopinante pues entiendo que para denegar la acumulación, en la instancia inferior se tuvo en cuenta que la presente demanda se sustenta en el pedido de inconstitucionalidad del art.46 de la Ley 24.557 y de intervención de la justicia laboral a los fines de revisar la resolución de la Comisión Médica N°9. En tanto la demanda que tramita en sede civil, promovida por el mismo actor contra su empleadora RADIOTRONICA DE ARGENTINA S.A. y LA REPUBLICA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., se sustenta en el pedido de inconstitucionalidad del art.39 inc.1 de aquella ley 24.557 y se integra con el reclamo fundado en el art.1113 del Código Civil. Allí ASOCIART ART. S.A. es citada como tercera por Radiotrónica de Argentina S.A. Resalta la a quo que se dan competencias distintas laboral y civil, lo que deviene de la diversa materia jurídica, encontrándose vedado asumir competencias más allá de las otorgadas por la Constitución y las leyes. Así no se cumple el requisito del art.188 incs.2) y 3) del C.P.C. y C., por lo que no procede la acumulación de los procesos. Tal es lo que resuelve, luego de citas jurisprudenciales.
“III.- Lo que a primera observación aparece como un obstáculo para la acumulación es el distinto fuero donde se ventila la causa a la que se pide acumular; cabe por ende ahondar en el punto.-
“En el caso Triunfo Coop. de Seguros c. Martín Carrión, José I. y otro, en trámite ante el Juzgado N° 5 en lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Junín, provincia de Buenos Aires, resolvió la acumulación de Astudillo, Aldo A. c. Carrión José I. y otro s/ daños y perjuicios Expte. N° 29014, a aquella. Se opuso el Juez de San Juan, por tratarse de procesos que tramitan en diferentes jurisdicciones territoriales y no mediar conformidad de las partes en el proceso. En uno de los procesos,  Astudillo, reclama los daños y perjuicios que le provocara la colisión en el camión de su propiedad; en el restante la aseguradora de Astudillo pretende el recupero de las sumas abonadas en transacción judicial, a los familiares de uno de los fallecidos en el evento, por subrogación legal, emanada de las disposiciones de la ley de seguros. El dictamen del Procurador General, que adopta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (27/02/1996, publicado en LL 1996-B, 530), destaca que, si bien las causas tramitan en distintas jurisdicciones territoriales, resulta procedente la acumulación, conforme el art. 188 del Cód. Procesal, en atención a que los procesos se encuentran en similar estado procesal, se hallan en la misma instancia y los jueces son competentes por razón de la materia,  resultando a todas luces evidente que, al tratarse de un mismo hecho determinante y estar involucrado en el mismo las partes demandadas en ambos procesos, la sentencia que recaiga en los dos juicios, resolverá circunstancias de hecho, prueba y fundamentación jurídica comunes, que podrían conducir al dictado de fallos contradictorios y consecuentemente, susceptibles de provocar un escándalo jurídico.
“La Corte Suprema, en Etchepar de Bravo, María I. y otros c. Aparicio, Pascual D. y otros (abril 5 de 2005.Fallos: 328:846), manteniendo la jurisprudencia de Bellomo, Julio A. c. Cedrón, Armando V. , 1992-03-31; Santucho, Ana C. c. Estado nacional y otros, 1999-08-31; Provincia del Neuquén c. Secretaría de Transporte CNRT , 2003-02-06; Jerez, Miguel A. c. Policía de la Provincia de Buenos Aires, 2003-06-11, y Jáuregui, Roberto L. c. La Previsión Coop. de Seguros Ltda. y otro, 2000-03-07, aceptó la acumulación de esos autos, remitidos a ese efecto por el Juzgado Civil y Comercial de Concepción, Provincia de Tucumán a la causa E.63.XXXVIII Etchepar de Bravo, María Inés del Tránsito y otros c. Tucumán, Provincia de y otros s/daños y perjuicios (LA LEY, 15/09/2004, p. 15, 44.176-S), en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Señaló que en principio la acumulación procede si se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios y el consiguiente escándalo jurídico que originaría el tratamiento autónomo de pretensiones que se encuentran vinculadas por la causa o por el objeto (Fallos: 322:2023, consid. 5°), situación que se evita -si median razones de conexidad suficiente- con el instituto previsto en el art. 188 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“El mismo Alto tribunal, en Silva Rodríguez, Sinforiana c. Línea 17 S.A. y otros (5/04/2005, Fallos: 328:858) resolvió un conflicto entre el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y el del Juzgado Nacional en lo Civil N° 61, donde el primero dispuso la acumulación de su causa a la  de referencia, en trámite ante el juzgado nacional, entendiendo que existía identidad de partes demandadas y partir del mismo hecho dañoso. Ante la decisión de declarar su incompetencia en el expediente provincial, por parte del Juez Nacional, que había dictado sentencia en el propio, suscitó el conflicto. La Corte, haciendo propio el dictamen del Procurador Fiscal, dijo que la circunstancia de haberse dictado sentencia no impedía la radicación del expediente provincial, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, aunque no cabía acumular ambos expedientes porque no surgía haberse cumplido con la exigencia del art. 193 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“Siguiendo la pauta que brindara la causa Etchepar de Bravo, la Corte Suprema , en Aguilar, Patricia M. c. Rey, Héctor y otra (13/12/2005, Fallos: 328:4450) acumuló a esta causa  los autos Aguilar, Patricia Marcela c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios, radicados ante el Juzgado en lo Civil de la 5° Nominación, de Tucumán, por razones de conexidad evidentes, pues en ambos procesos se persigue igual objeto en razón de la misma causa fuente denunciada, esto es, una indemnización pretendida por quienes invocan ser, respectivamente, viuda e hija de Juan Fabio Gallardo, por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito en el que falleció el nombrado.
“Es importante destacar que para confirmar la resolución que dispuso acumular dos procesos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, en Santa Clara del Sud S.A. c. Vivas, Honorio E. (17/11/2005, La Ley on line), tuvo en cuenta que existía la posibilidad cierta de que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos, pudiere producir efecto de cosa juzgada en el restante, en tanto se verifica que ambas acciones se sustancian en procesos de conocimiento pleno y exhiben conexidad entre sí, pues, la pretensión resarcitoria formulada en ambos juicios se funda en el mismo hecho o relación jurídica. Puede colegirse del texto completo de la sentencia que el expediente de marras, del fuero comercial, se acumuló a uno en trámite en el fuero civil.
“Dado el inicio de diversas acciones judiciales tendientes a impedir el paso de un tren transportador de metanol, la Provincia del Neuquén promovió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación acción declarativa contra el Estado Nacional a fin de obtener la intervención exclusiva de la jurisdicción federal en lo relativo a esa temática y solicitó la acumulación de aquéllos procesos judiciales a ésta. El alto cuerpo, aun cuando señaló (que) no sería competente para intervenir en las otras actuaciones en instancia originaria, pues la actora no era parte en ninguno de esos expedientes, encontró justificada la acumulación subjetiva de pretensiones por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias, lo que derivaría en un escándalo jurídico (Provincia del Neuquén c. Secretaría de Transporte CNRT 06/02/2003; Fallos: 326:75)
“Volviendo al caso concreto, va de suyo que las acciones encaradas en uno y otro expediente, tienen relación con la vinculación contractual laboral que el actor en uno y otro litigio, tiene con la empresa Radiotrónica de Argentina S.A., asegurada por ASOCIART ART S.A., demandada en este proceso laboral.
“Sin duda no se trata de una situación como la abordada en el caso que se cita, al caso concreto (CNCiv. Sala D, 20-12-83, L.L. 1984-B-132, citado por Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado, T. I p. 738, Rubinzal Culzoni). En dicha causa, donde se expresa el sumario que se transcribe en la resolución puesta en crisis: Acosta, Horacio A. c. Solfara, SA, publicado en LL 1984-B, 132, suscrito por los Dres. Raffo Benegas y Bueres, también se señala que la parte recurrente pretendía la existencia de conexidad sólo en función de una potencial economía de procedimiento y gastos, que dista de ser expresiva de una identidad de materia controvertida o, al menos, de asuntos que se originan y giran en derredor de iguales elementos de juicios. No encuentra razón para desnaturalizar el sistema de adjudicación y radicación de las causas por sorteo que adopta el Reglamento del fuero. Evidentemente en ese caso se abordaba una situación de mínima vinculación entre procesos. No es el caso de autos.
“Por la similitud de conceptos con la causa antes citada, vale mencionar a la Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala III in re: Ferrara, Guillermo Héctor c. Estado Nacional (18/10/2007, La Ley Online), expresa: El instituto de la acumulación por conexidad sólo es aplicable cuando entre los procesos median elementos comunes o interdependientes que los vinculan por la causa, y ante la posibilidad de que la sentencia por dictar en uno haga cosa juzgada en el otro. Se trataba de la resolución de primera instancia que acumulaba la causa por la que se impugnaba una resolución del Procurador General de la Nación respecto a un concurso público de oposición y antecedentes, a otra causa iniciada por el actor contra el mismo demandado tendiente a la impugnación de una resolución que aprobó otro concurso. La Cámara tuvo en cuenta que, si bien se trataba de dos procesos en los que coinciden los sujetos (actor y demandado), las pretensiones articuladas versan sobre la validez de distintas resoluciones de la Procuración General de la Nación, en dos concursos diferentes.
“En el caso que nos ocupa, si bien, como surge de los autos tramitados ante el Juzgado Civil N° 6, el actor emprende la acción basándose en el artículo 1113 del código civil, sobre la base de estar al tiempo del accidente generador de los daños -y que da lugar a ambos procesos- siendo conducido en un vehículo de titularidad de Radiotrónica de Argentina S.A., su propia empleadora, como expresa en la misma demanda (ver especialmente fs. 204 y 206 de los autos N° 356477/7 que se tiene a la vista). En tales condiciones, resulta por demás evidente que existe la posibilidad de distintas soluciones en un expediente y otro respecto a las cuestiones que le son comunes, como lo puede ser entre otras, el nivel de incapacidad que pueda reconocérsele al actor. Ello conlleva el riesgo del escándalo jurídico que no debe cohonestarse. Se impone así la acumulación de ambas acciones, teniendo en cuenta en especial el que ambos procesos se ventilan por procesos de conocimiento.
“Ahora bien, cabe dilucidar qué expediente acumula al restante, o mejor: en que juzgado deben proseguir ambas causas. Está claro que el proceso en el fuero civil es anterior al presente. Pero corresponde analizar la circunstancia de que el procedimiento laboral aporta elementos más favorables al actor, que podrían verse atenuados en el fuero civil.
“Es importante tener en cuenta que hasta la sanción de la Ley 2142 (publicada el 27-10-95), casos como el tramitado en el Juzgado Civil 6, lo hubiera sido en el Fuero Laboral. Por una cuestión de política judicial y procesal, abordada por la Legislatura Provincial, haciéndose eco de la invitación a las provincias que hiciera la Ley Nacional N° 24.028 en su art. 16, para que adhirieran a los preceptos procesales que contiene esta última norma, decidió que En todos los supuestos en que los trabajadores o sus derecho-habientes accionen contra los empleadores por responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, ejerciendo las facultades que en tal sentido le confiere la legislación laboral vigente, las acciones serán tramitadas por ante la Justicia Civil, con aplicación de toda la normativa contenida en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial (Artículo 1).
“Es de tener en cuenta que siempre cabe la aplicación de la normativa civil de fondo, por ser el derecho común, que todos los fueros deben aplicar con la lógica inserción de las normas específicas que hacen en estos casos a la problemática laboral.
“Todo convence que, no obstante la anterior prevención en el proceso civil, la situación más favorable al trabajador lo sería en el fuero laboral, por lo que es allí donde deben continuar ambos procesos. Por supuesto que la tramitación de uno y otro será independiente,  dictándose una sola sentencia”.
De otro lado, esta Sala I, in re: "IBARRA MENDOZA, MARISOL DEL C. CONTRA CNA A.R.T. S.A. S /ACCIDENTE LEY" (Expte. Nº 304336-CA-3; PI 2004 N°140 T°II F°25/256), expone siguiendo un voto del Dr.García:
“I.- La actora deduce apelación contra la resolución de fs.37 que declaró la incompetencia del fuero laboral para entender en estas actuaciones, exponiendo la fundamentación del recurso a fs.39.
“Aduce el recurrente que la a quo ha admitido que su parte se somete al amparo de la LCT en cuanto al carácter indemnizatorio, pero considera que la cuestión de fondo que se ventila se circunscribe al monto indemnizatorio (art.18 ley 24557) que sus mandantes reclaman a la compañía aseguradora.
“Aclara que su parte pide el pago de la suma de dinero resultante de la aplicación de la LRT con sus sucesivas reformas, tal como se enuncia en el punto V de la demanda.
“Cita la jurisprudencia de esta Cámara in re Painevil, Luis Marcelo c/Vicini Julio y otro s/ accidente ley (Expte.n° 285-CA-0), sosteniendo la inconstitucionalidad del art.46 LRT en cuanto extrae de la competencia ordinaria de los Juzgados de Trabajo las cuestiones que se suscitan entre las víctimas de accidentes laborales y las ART, doctrina reiterada en la causa n°401-CA-2 y Aguilera c/Pecom, entre otros.
“II.- Entrando a considerar la cuestión planteada, esta Cámara ha admitido la competencia laboral en caso análogo al presente, en que se discutía la legitimación para la percepción de la indemnización por fallecimiento (art.248 LCT) en autos KENTING DRILLING ARGENTINA S.A. CONTRA SUCESORES DE PREISLER LUIS R S/CONSIGNACION (Expte. Nº 1492-CA-3), situación que cabe equiparar al sub examen, en que se reclama de la ART el pago de la indemnización por fallecimiento (art.18 y cctes. ley 24.557), sin que a ello obste la circunstancia de controvertirse el régimen reglamentario aplicable para la liquidación del siniestro.
“En cuanto a la competencia del fuero laboral provincial en hipótesis en que se debate sobre las indemnizaciones previstas por la ley especial invocada, también esta Alzada se ha expedido reiteradamente reivindicando la competencia provincial en general y la del fuero laboral en todo los casos en que se debate la aplicación de la ley de riesgos del trabajo, al par que declarando la inconstitucionalidad del art.46 de dicha ley.
“Así lo hemos expresado in re FERNÁNDEZ HINOSTROZA, JOSÉ G. CONTRA ASOCIART SA ART Y OTRO S/ INDEMNIZACION INCAPACIDAD ABSOLUTA (Expte. Nº 1002-CA-3) en que expresamos:     
“Cuadra señalar, no obstante, que con posterioridad al fallo dictado en GOROSITO C/RIVA SA S/ DAÑOS Y PERJ, donde se planteaba la inconstitucionalidad del art.39¡Æ de la Ley 24.557, en los autos caratulados: MORALES RODOLFO ALBERTO CONTRA B. J. SERVICES S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE LE¡± (Expte. N?¬ 173-CA-2) donde si bien se analizaron los arts.6 y 21 de la ley 24.557, se hizo mención al art.46 que nos ocupa. Allí el Dr. Luis Silva Zambrano adhirió al voto de la Dra. Isolina O. de Esquivel, vocal preopinante (aclarando que ello no implicaba pronunciamiento respecto al planteo jurídico de inconstitucionalidad de la norma del art.6) y sostuvo:
“...cabe acotar que esta Cámara se ha pronunciado, siguiendo la doctrina de la CSJ in re Gorosito, por la constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo en la causa AGUILERA LUIS BAUTISTA CONTRA PECOM ENERGIA SA (GRUPO P.C.) Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL (Expte. N?¬ 56-CA-2), es decir, aceptando dicha ley como un sistema legal orgánico, y en tal sentido considero de aplicación el art. 21 de la misma, por lo que la intervención de las Comisiones Médicas previo al recurso previsto en el art. 46, resulta ineludible, aunque la competencia atento la inconstitucionalidad decretada por esta Cámara- corresponda a la Justicia Provincial de manera tal que, de efectuarse planteos en tal sentido, se deberá requerir como condición de admisibilidad de los mismos, la previa intervención de dichas Comisiones.
“Todo ello sin perjuicio de lo resuelto en autos: CURIN JOSE ELISEO CONTRA VELA ROBERTO LEON S/ACCIDENTE ACCION CIVIL (Expte. Nº 1111-CA-3), en que repotenciamos el resarcimiento por incapacidad laboral en sede civil, por considerar que la remisión a un nuevo juicio en sede laboral importaría un exceso ritual manifiesto.
“Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo que se haga lugar a los agravios de la actora, revocándose la declaración de incompetencia del fuero decretada a fs. 37, debiendo volver los autos a la instancia de grado para la prosecución de su trámite según su estado, todo sin imposición de costas por no haber mediado oposición de parte contraria”.
3.- Por lo expuesto propicio al Acuerdo el rechazo del recurso y la consecuente confirmación de la decisión que ha sido su objeto, con costas en el orden causado en atención a tratarse de una cuestión dudosa de derecho.
Así voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:
Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.-

Por lo expuesto SE RESUELVE:
1.- Confirmar la resolución de fs.251 en cuanto fue materia de recursos y agravios.
2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.
3.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

 

 
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